El Tratado de Lisboa –aprobado unánimemente por los 27 jefes de Estado o de Gobierno, sometido a un intenso debate y apoyado y votado por el propio Parlamento Europeo– no sólo consolidó el papel del Comité Económico y Social Europeo, sino que incluso reforzó sus cometidos, prerrogativas y posibilidades, especialmente en el contexto de la democracia participativa.
En términos relativos, el presupuesto del Comité representa una partida reducida (únicamente el 1,57 %) del presupuesto administrativo global de la Unión.
