(30) Aunque cada Estado miembro es responsable de su propia política de gestión del combustible gastado y los residuos radiactivos, ésta debería respetar los principios fundamentales de seguridad aplicables establecidos por el OIEA. Es una obligación ética de cada Estado miembro evitar cualquier carga indebida sobre las generaciones futuras en relación con el combustible gastado y los residuos radiactivos existentes, así como los previstos tras la clausura de las actuales instalaciones nucleares.
Antes de definir los mercados distintos de los enumerados en la recomendación, las autoridades nacionales de reglamentación observarán los procedimientos contemplados en los artículos 6 y 7".
